Nadie en su sano juicio puede criticar medidas que tiendan a sacar a la población de la pobreza y haga esfuerzos para mejorar a las personas menos favorecidas o en situaciones de pobreza o desventaja. Claro que hay de medidas a medidas, como el clásico “dar el pescado o enseñar a pescar.”

Muchos países a lo largo de la historia han intentado avanzar con políticas de welfare economics, terminando en fracasos totales o parciales. En México llevamos dos intentos formales documentados que nos llevaron a serios problemas económicos y décadas perdidas. Ahora estamos viviendo el tercer intento creciente del estado bienestar.

Otros países han tomado caminos diferentes como lo afirman los recientes laureados por el Premio Nobel, Daron Acemoglu y James Robinson en su libro “Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”, de muy recomendable y urgente lectura pues documentan históricamente éxitos y fracasos.

Datos: En 2024 en México los programas sociales representan ya un 4.4% del PIB y alcanzan directamente a varios millones de personas, según datos del gobierno a casi el 28% de la población. El costo supera los $1.2 billones de pesos, sin agregar los nuevos programas anunciados por la presidenta. Esto generó un déficit presupuestal de casi el 6% del PIB y un endeudamiento creciente de más de $6.6 Billones de pesos y súmele los nuevos créditos anunciados por el nuevo gobierno. En términos relativos el gasto creció 2.7 veces más que los ingresos, de ahí el tremendo déficit y la nueva deuda.

Para darnos una idea de la magnitud del gasto creciente en programas sociales (4.4% del PIB) observamos como supera gasto en salud que apenas alcanza el 2.8% del PIB y es mayor también que el gasto en educación que representan el 2.9% del PIB.

La experiencia del pasado sexenio es clara: gastamos hasta septiembre del 2024 $755 miles de millones de pesos más en esos programas, unos con claro propósito electoral. Lo que ingresó fueron solamente $300mmdp. ¿es sostenible?

En México la captación fiscal está limitada. Lo que pertenecemos a la economía formal somos alrededor de 22.3 millones de personas, si bien las personas económicamente activas son casi 61 millones de mexicanos. El tamaño de la informalidad es tal que los recursos que llegan al gobierno son limitados generando además cargas mayores sobre los contribuyentes cautivos.

Por otra parte, las nuevamente llamadas “empresas del estado” – que ya no empresas productivas- pierden dinero y requieren grandes inversiones, lo que no contribuye al ingreso del gobierno, sino que infla más su gasto e impacta en su flujo de salida de recursos. Como ejemplo: la deuda y las inversiones de Pemex.

México tiene una de las tasas de recaudación fiscal más bajas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que limita el financiamiento de programas de bienestar social. Sin una base de lógica económica es difícil sostener a largo plazo programas como pensiones, salud pública, subsidios a la educación, y transferencias directas como "Sembrando Vida" o "Jóvenes Construyendo el Futuro" o “la pensión de adultos
mayores” que creció 774% en el sexenio pasado, todos ellos programas no contributivos.

Añada a esto los cambios en la pirámide demográfica, el envejecimiento paulatino del país y las enfermedades crónico-degenerativas que nos afectan como mexicanos. Peor aún, está la ineficiencia del gasto público, el pobre crecimiento económico que fue menor al 1% anual en el anterior sexenio y la falta de un Estado de Derecho con instituciones sólidas y contrapesos prudentes. Añada las amenazas a la democracia propia de una República con el llamado plan C y los abusos autoritarios de la cascada acelerada de reformas siguientes. 

Algunas leyes económicas fundamentales se están violando:
a) Gastar más de lo que se ingresa
b) Dar subsidios indiscriminados de manera genérica y permanente
c) Incrementar la deuda sin tener la fuente de repago
d) Incremento del costo financiero por los intereses

Los países nórdicos y algunos otros países europeos y del mundo que esbozan políticas de bienestar tienen las siguientes características:

 Altos niveles de recaudación fiscal, lo que permite financiar servicios públicos robustos como la educación, salud, pensiones, y programas de asistencia social. En ese orden.
 Crecimiento económico estable ya que estos países también son competitivos en términos de productividad y competitividad global. Equilibran el bienestar social con un entorno favorable para los negocios y la innovación.
 Bajo nivel de corrupción y una administración pública muy eficiente aseguran que los recursos se utilicen bien, lo que refuerza la sostenibilidad a largo plazo.
 Modelo de seguridad laboral y social que combina flexibilidad en los mercados laborales con una fuerte protección social, lo que facilita la adaptación a los cambios económicos y tecnológicos sin dejar desprotegidos a los trabajadores.  
  Sistemas educativos fuertes y/o duales que combinan la educación formal con programas de formación profesional, lo que crea una fuerza laboral altamente cualificada y reduce el desempleo juvenil.

La economía del bienestar en México enfrenta desafíos mayúsculos en términos de sostenibilidad.

Si bien existen programas sociales que han beneficiado a sectores vulnerables, se requieren reformas estructurales profundas para garantizar que estas políticas sean sostenibles a largo plazo, reducirlas, haciéndolas limitadas y selectivas.

Esto implica también aumentar la recaudación fiscal de manera progresiva, mejorar la eficiencia en el gasto público, reducir la informalidad laboral, el imperio de la ley y además garantizar que los programas sociales generen movilidad social y disminuyan la dependencia de los subsidios en largo plazo.

Nada de esto está ocurriendo.

Entonces ¿Es sostenible? o ¿Nos lleva al fracaso económico y social? Juzgue Ud.